Fintechs mexicanas rechazan impuesto estadounidense a remesas

El nuevo gravamen del 3.5% propuesto en EE.UU. afectaría a millones de migrantes no ciudadanos y podría incentivar canales informales.

La Asociación Fintech México expresó su rechazo a la iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que propone un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas al extranjero por migrantes no ciudadanos. El proyecto, originalmente planteado con una tasa del 5% y luego reducida tras negociaciones legislativas, fue impulsado por el expresidente Donald Trump como parte del paquete fiscal denominado “The One, Big, Beautiful Bill”. Actualmente, se encuentra en análisis en el Senado estadounidense.

En un comunicado, la asociación —que agrupa a empresas del ecosistema financiero y tecnológico— advirtió que el gravamen encarecería los envíos de dinero, afectaría directamente a millones de familias receptoras en México y América Central, y alentaría el uso de canales informales menos seguros y difíciles de rastrear.

“Esta medida representa un golpe directo al desarrollo de herramientas más seguras, eficientes y económicas”, señaló la organización presidida por Felipe Vallejo, también CEO de Bitso.

¿A quién afectaría el nuevo impuesto?

El impuesto propuesto aplicaría a toda transferencia internacional de dinero realizada por personas que no sean ciudadanos estadounidenses, incluyendo:

• Migrantes indocumentados

• Titulares de visas temporales (H-1B, H-2A, H-2B)

• Beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS)

• Residentes legales permanentes (green card)

El monto sería recaudado por las empresas de envío de dinero —fintechs, bancos o corresponsales— y transferido al Servicio de Impuestos Internos (IRS). En caso de error, los ciudadanos estadounidenses podrían solicitar un reembolso vía crédito fiscal.

Fintech México advirtió que el mecanismo para crear "proveedores de envío calificados" —empresas autorizadas por el Tesoro para verificar la nacionalidad de los remitentes— limitaría la competencia y elevaría los costos para los usuarios finales, independientemente de su estatus migratorio.

Avance legislativo y próximos pasos