Alta tasa de fracaso en certificación antilavado de la CNBV expone desafíos regulatorios en México
A diez años de su implementación, la certificación antilavado revela serias fallas en la preparación técnica del sector financiero.
A una década de su implementación, la certificación antilavado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sigue generando preocupación en el sistema financiero mexicano. De acuerdo con un reportaje de Fernando Gutiérrez publicado en El Economista, apenas el 33% de los aspirantes logra aprobar el examen.
Desde 2015, la CNBV ha aplicado 22 evaluaciones con un total de 19,699 personas inscritas. Solo 6,504 han sido aprobadas, lo que evidencia la complejidad del examen y una falta de preparación técnica en el sector. La certificación busca asegurar que el personal financiero esté alineado con los estándares internacionales en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En su reportaje, Gutiérrez recoge el testimonio de Jessica Núñez, especialista en Prevención de Lavado de Dinero, quien señala que “es muy teórico, extenso y requiere estrategias específicas para prepararse”. Asimismo, Elmelec Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (Asonoc), destaca que la certificación “ha ayudado a interpretar mejor la normatividad, detectar alertas y mantener actualizadas las listas de personas bloqueadas”.
Si bien no es obligatoria en todo el sistema financiero, la certificación es exigida a auditores que elaboran informes antilavado y a oficiales de cumplimiento en transmisores de dinero, casas de cambio e Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). En estos últimos y en los bancos, la cobertura de certificados ronda el 90%, pero en entidades como las Sofomes ENR, el rezago es evidente.
El reportaje también subraya que el impulso a la certificación responde en parte a presiones internacionales, en especial de Estados Unidos, que ha elevado sus exigencias hacia instituciones mexicanas ante el riesgo de vínculos con organizaciones criminales y terrorismo financiero.
Este bajo índice de aprobación plantea un reto estructural: cómo elevar la profesionalización sin excluir a miles de trabajadores financieros que aún no logran cumplir con los estándares regulatorios.